EL ESTADO FRENTE A LAS DROGAS

Autor: Profesor Dr. Juan Carlos Schurig Terraf, Médico, Máster en Drogodependencias por la Universidad Central de Barcelona (España)

                            EL ESTADO FRENTE A LAS DROGAS.

El peligro social que representan las drogodependencias y sus secuelas individuales como sociales, permite afirmar con absoluta certeza que, por un lado, no es moral ni lícito hablar de libertad, frente a tal terribles consecuencias, y por otro lado los daños sociales que se producen son inaceptables .

Hoy se puede decir que el estado mantiene una doble moral con respeto a la posición legal que otorga al tabaco y al alcohol que “institucionalizadas”, mantienen en dependencia legal a miles de personas, en contraposición con las llamadas drogas “no institucionalizadas”; sin que las primeras puedan ser consideradas como menos nocivas para la salud que las segundas. Esta tolerancia social y legal agrava el problema global de las drogodependencias, constituyendo las drogas legales peldaños de escalada en el ascenso a otras drogas.

La conducta del consumidor de drogas es socialmente disvaliosa y perjudicial. Penalizar esta conducta no suele ser la solución total del problema e incluso en determinadas circunstancias puede llegar a transformarse en contraproducente o contra preventivas.

Desde la óptica de la ley las autolesiones son impunes, con la excepción de las que tengan por objeto sustraerse al cumplimiento de las impuestas  por la ley de defensa nacional o para evitar el servicio de compromisos.

La posible lesión al bien jurídico “salud  pública” (que sirve de fundamento a parte de la doctrina actual), es rebatible en virtud de que no todas las conductas que crean algún problema para la salud pública son susceptibles de punición.

Analizando exclusivamente a quien solo vulnera su propia salud, nos estamos moviendo dentro de un círculo de acciones auto-lesivas que escapan del derecho penal.

Siendo las penas instrumento de violencia institucional, que restringen los derechos básicos de las personas, y que reprimen las necesidades fundamentales de los individuos. El sistema punitivo solo tiene sentido en un fundamento teórico que es la prevención especial, mediante la resocialización, reinserción y reeducación de la persona.

La experiencia nos muestra que el endurecimiento de de las penas no resuelve los conflictos y problemas sociales, sino que lo ocultan, reproducen y agravan.

En nuestro ámbito carcelario actual no hace más que incrementar la exclusión social, la marginación y estigmatización del penado. En nuestras cárceles conviven enfermos drogodependientes con delincuentes de todas las especies, sin atención profesional adecuada, a lo que se agrega un consumo de psicotropos inducidos por el aislamiento y abandono del penado y sostenido por los guardia cárceles que lucran con las enfermedades individuales y sociales del preso y en otros casos como las del Instituto del menor Roca la del consumo de psicotropos  inducida por los profesionales que ya sea por incapacidad o comodidad proporcionan a los internos una gran cantidad de estos medicamentos ( hecho de público conocimiento).

Las penas deben de ser necesarias  para mantener el orden social, de lo contrario son inútiles. Esta verdad puede chocar con nuestra actual realidad social. En una sociedad injusta, donde el estado no está actuando como garante de la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos; intentar mantener un orden social dentro de un sistema injusto desde los cimientos, es tarea difícil por no decir imposible. Búsqueda que por mantener un orden social injusto aumenta enfrentamientos sociales. Sabemos que no es lo pretendido por el legislador, que legisla inmerso en un sistema intrínsecamente injusto.

Para que una norma social se cumpla se necesita: un motivo de respeto y una internalización psíquica de la misma, gracias a la voluntad para acatar la orden.

También sabemos que el adicto a las drogas actúa de forma compulsiva, haciendo muy difícil la internalización de la orden.

Penalizar al adicto por su dependencia choca con innumerables inconvenientes legales ya que tropieza de entrada con su incapacidad para dirigir sus acciones conforme a la anti juricidad.

Como no es moral ni lícito dejar a las personas libradas a su suerte.

El estado de derecho sin ser permisivo debe intervenir mediante los organismos administrativos que se adecuen a fin de protección sanitaria.

Los que toman las decisiones políticas y los profesionales que están relacionados con el tema de la drogadicción se verán afectados por sus propios sistema de valores así como por las influencias sociales y políticas que prevalezcan  en su círculo.

La política de las drogas, como cualquier otro tipo de política social, será influenciada por la ideología del gobierno que esté en el poder.

Es claro de que los asesores políticos presten atención a los debates concernientes a la moralidad pública, al comportamiento social aceptable, al delito y al castigo, y que se reflejan en los medios de comunicación.

Por consiguiente es importante que nos preguntemos ¿que es lo que queremos conseguir a través de una política de drogas? Yo sugiero  que las políticas de drogas deben determinar un equilibrio entre el nivel aceptable de control sobre la oferta de drogas ilegales, el uso de drogas y el apoyo, tratamiento y rehabilitación de aquellos que tiene problemas. Es, por lo tanto, de la mayor importancia que la formulación de políticas sobre drogas, no se deje solo en manos de políticos y ministros de gobierno, son Uds. (refiriéndose a los ciudadanos) quienes también tiene derecho a expresarse en esta materia.

Hoy el uso de drogas ilegales es un asunto que preocupa a una gran cantidad de personas, al tiempo que genera una mezcla de miopía e histeria, por así decirlo. Esta situación se produce porque se apoya  en la creencia mantenida por generaciones de adultos que creen que las cosas ya no son como antes y que la generación más joven está echada a perder.

En nuestra provincia  y Nación, lo que necesitamos es una aproximación global de la información apoyada en la prevención, apoyo, tratamiento y rehabilitación que comprenda y entienda la realidad del uso de drogas en los años presentes en nuestra sociedad.

Los medios de comunicación social expresan esta urgencia, solo que suelen hacerlo muchas veces de una manera global y deshumanizada de los consumidores o bien presentado los hechos como algo lleno de glamour. Desde mi experiencia esta manera de envilecer y el rechazo social lo que hacen es empujar a estas personas que tiene problemas con las drogas a internarse cada vez más en un estilo de vida que es peligroso. Con toda seguridad la primera respuesta respecto al tema de las drogas debe ser el apoyo y el tratamiento, esta debe ser nuestra primera respuesta a estas personas con problemas y no la criminalización y el castigo hacia las mismas. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que un uso prolongado y dañino  de las drogas, a menudo tiene algo que ver con el atractivo de una droga más allá de un interés inicial de placer y diversión. Para muchas personas tiene que ver más con la insatisfacción o con un sentido de desesperanza en relación con sus vidas cotidiana. Es esta insatisfacción, unida a una inmersión diaria en actividades ilegales lo que lleva a muchas personas a enfrentarse con la policía y con el sistema judicial; a su vez esto aumenta la distancia  que a menudo sienten las personas drogadictas, con respecto a la relación que tiene con la comunidad en la que viven.

Para dirigirnos a las causas subyacentes de la desesperanza, a las raíces de la pobreza y la privación social que debemos erradicar de nuestras ciudades, es importante destacar la necesidad fundamental de canalizar los recursos en amplios programas de educación y prevención.

La prevención contra las drogas no se puede limitar a la reducción de la demanda, tiene que implicar una visión mucho más amplia y ambiciosa de los elementos sociales, políticos y económicos que afectan a las comunidades.

Una política eficaz requiere una inversión en un programa amplio de apoyo a la gente joven, que incluya la provisión de puestos de trabajo, preparación, educación y oportunidades de empleo. A la vez, un compromiso fundamental por erradicar las desigualdades producidas por el desposeimiento  social y económico. Las campañas en esta materia  que se vienen realizando tienen un mensaje poco profundo, reconocen tímidamente el uso de las drogas que se han convertido en una parte integrante de la vida adulta y de la vida y la cultura de los jóvenes. El mensaje en general rechaza la realidad de que para mucha gente joven el uso de drogas no siempre es desbastador y destructivo, sino una experiencia compartida con los amigos, como parte de un proceso de maduración.

La concienciación y prevención de drogas debe ser creíble, accesible y honesta. Quien cuenta la historia es tan importante como la historia misma. Por consiguiente la planificación de la educación debe estar en manos de los miembros de las propias comunidades, de la comunidad que conoce las necesidades de sus jóvenes. Son ellos quienes están en la mejor situación para entender la naturaleza del problema de las drogas, y también están en una mejor posición para influir en el desarrollo de servicios de su comunidad. Con ellas debemos colaborar!

Los que trabajamos en el área de la concienciación sabemos que no hay una sola o exclusiva solución, sino que en diferentes grupos, en comunidades diversas hay variedad de acercamientos, y también es vital que en cada estudio sean tenidas en cuenta las diferencias culturales, sexuales y de sensibilidad.

El problema al que nos enfrentamos en nuestra provincia , es que no ha habido un compromiso del gobierno, ni tampoco una inversión para una política de drogas coherentes y coordinadas. Es de conocimiento de que en nuestro medio hay pocos recursos para apoyar la actividad de prevención de drogas, a nivel local, de las escuelas, clubes juveniles, grupos comunitarios o especialistas en drogodependencias.

Donde es necesaria una política gubernamental es en la adjudicación de recursos, así como asegurar un nivel básico de provisión tanto en las áreas rurales como urbanas, unidas a una concienciación sobre las drogas y una educación en las escuelas.

En nuestro medio la educación en temas de drogas está en manos de las escuelas individualmente, donde los profesores están sobrepasados en sus compromisos docentes, a lo que se agrega en hecho de una falta de formación académica en la materia. Las autoridades locales se encuentran  bajo una creciente presión financiera y la hacen sentir con reducción de los servicios juveniles : cierre de centros deportivos, bibliotecas, clubes; que en algunos casos se mantiene con el esfuerzo individual.

Sumado a todo esto algunos políticos con influencia en el desarrollo de servicios relacionados con las drogas, incluyen como única alternativa el hecho de aumentar la “mano dura” contra los drogodependientes, y nuevos planes para presentar negativamente ante la sociedad, a los niños y jóvenes con vista a construir mayores unidades de seguridad donde mantenerlos apartados de las drogas. El paradigma emergente de estos políticos miopes es el de la construcción de asociaciones contra el crimen.

Por suerte no somos los únicos que participamos en esa corriente creciente de opinión y en nuestro caso concreto de acción a favor de una aproximación menos punitiva a la condena de los drogodependientes y a favor de una mayor concentración en la prevención, tratamiento y  rehabilitación o reinserción social.

                                                   CONCLUCIÓN :

Se debe desplazar el poder punitivo del Estado ( y por ende, el derecho penal), en favor del poder de policía sanitario, es decir en favor del derecho administrativo.

En materia de prevención  se deberá actuar desde todas las áreas y coordinadamente a fin de aunar esfuerzos ( salud, educación, comunidad, prensa, seguridad, etc.).

La asistencia debe de ser coordinada y estar en manos de especialistas en la materia organizados en equipos multidisciplinarios ( médicos , psicólogos, asistente social, pedagogos, etc. ) formados en la materia y que trabajen desde centros  asistenciales generales y especiales a tales fines.

La reinserción social del adicto al igual que la del ex convicto es tarea ineludible del Estado de derecho y su éxito está íntimamente ligado a una buena asistencia del enfermo y la familia.

Dr. SCHURIG TERRAF